Regidora solicita ante el Congreso la remoción del Tesorero Municipal de Coatepec por incumplir Ley
-La regidora sexta, Mariel López López, argumenta que el funcionario de Nacho Luna no cumple con el perfil profesional afín al cargo que exige la Ley Orgánica del Municipio Libre.
-Pese a ser rechazada la propuesta en el Cabildo por mayoría de votos, el asunto fue turnado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Vigilancia de la LXVII Legislatura.
Ricardo Siliceo
COATEPEC, VER.— Continúa la crisis política en la administración que preside Ignacio Luna; la regidora sexta del Ayuntamiento de Coatepec, Mariel López López, promovió ante el Congreso del Estado de Veracruz la solicitud de remoción de Abel Pelayo Anell de su cargo como tesorero municipal, señalando que incumple con los requisitos legales y el perfil profesional previstos en los artículos 68 y 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.
De acuerdo con la edil, el funcionario ostenta el título de Licenciado en Derecho, una disciplina que, sostuvo, no resulta afín a las funciones de carácter económico y administrativo inherentes a la Tesorería Municipal.
Por ello, solicitó además la intervención directa de la Legislatura en el gobierno municipal de Nacho Luna. La propuesta fue turnada formalmente en la correspondencia de la LXVII Legislatura a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Vigilancia para su análisis y atención procedente, así lo dió a conocer la edil en sus redes sociales.
Rechazo en el Cabildo
Previo a acudir al órgano legislativo, el planteamiento fue sometido a votación en sesión Extraordinaria del Cabildo de Coatepec. , siendo rechazado por mayoría de votos, la propuesta acumuló siete votos en contra, frente a solo tres votos a favor, emitidos por las regidoras cuarta, sexta y octava.
Antecedente: TEV falló a favor de la regidora por opacidad en la Tesorería
Cabe recordar que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) emitió recientemente un fallo a favor de la regidora Mariel López López, tras resolver que las autoridades del ayuntamiento, entre ellas el propio Tesorero Municipal, vulneraron su derecho de petición e información.
El órgano jurisdiccional ordenó al funcionario entregar y transparentar la información presupuestal y de contratación que le había sido denegada previamente a la edil, garantizando así sus atribuciones constitucionales de vigilancia y fiscalización de los recursos públicos dentro del municipio.
