Se escuda Ayuntamiento de Xalapa en “voluntad” de funcionarios para ocultar declaraciones patrimoniales de 2026
- Pese a ser una obligación legal común por ley estatal y federal, la Contraloría Municipal condiciona la entrega de versiones públicas al visto bueno individual de los servidores públicos.
- Mandos superiores, incluidos la Presidencia Municipal, Sindicatura, Regidurías y Obras Públicas, evaden la transparencia patrimonial mediante respuestas ambiguas en la PNT.
XALAPA, VER.— Bajo el argumento de que la publicación de las declaraciones patrimoniales queda a criterio de «los servidores públicos que así lo determinen», la administración municipal de Xalapa que encabeza la alcaldesa Daniela Griego Ceballos rechazó entregar y transparentar las versiones públicas de la situación patrimonial y de intereses de su gabinete e integrantes del Cabildo correspondientes al ejercicio 2026.
Mediante el oficio C/1770/2026, emitido por el Contralor Municipal, P.C.A.G. Héctor Martínez Merinos, el Ayuntamiento respondió a la solicitud de acceso a la información con folio 950560726000357 requiriendo al solicitante consultar una liga general del portal web municipal, argumentando que se publicará únicamente la información de los funcionarios «que así lo determinen», supeditando un mandato constitucional a la decisión personal de cada servidor público.
La petición ciudadana requería formalmente las versiones públicas de las declaraciones de inicio, modificación o conclusión de 2026 de los cargos clave de la administración local: Presidencia Municipal, Sindicatura Única, Regidurías, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Interna y Dirección de Obras Públicas.
Discurso de transparencia choca con la legalidad
En la notificación formal (oficio CTX-1827/2026), firmada por la Coordinadora de Transparencia, Lic. Diana Margarita Guzmán Sánchez, el Ayuntamiento asegura operar bajo el «principio de máxima publicidad». Sin embargo, al remitir la respuesta de la Contraloría, convalidó la negativa parcial y el sesgo en el acceso a la información.
De acuerdo con el artículo 70, fracción XII de la Ley General de Transparencia, y el artículo 15, fracción XII de la Ley de Transparencia del Estado de Veracruz (Ley 875), la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses constituye una obligación de transparencia común. La normativa establece que los datos personales sensibles (como domicilios, cuentas bancarias o información de dependientes económicos) deben testarse mediante un procedimiento formal aprobado por el Comité de Transparencia, pero sin omitir los datos de ingresos, bienes vinculados al cargo y trayectoria profesional.
La pretensión del Ayuntamiento de calificar la publicidad del patrimonio público como una decisión optativa viola los criterios emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y la jurisprudencia en la materia, los cuales señalan que ningún servidor público puede vetar la publicidad de su declaración en los rubros de interés público.
